El Partido Acción Ciudadana (PAC) no podrá utilizar la reserva del ¢1.700 millones, que le quedó de las elecciones del 2014, para cancelar la deuda de ¢465 millones que le cobra la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
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El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazó una solicitud de la agrupación de Gobierno para usar esa reserva.
La institución electoral le respondió que la deuda política solo se pueden desembolsar a una vez que el partido demuestre que hizo gastos con dinero propio, y no para saldar adeudos pendientes.
“En el tanto la contribución estatal se mantenga como reserva, no es susceptible de responder por obligaciones pecuniarias de la agrupación”, señala la resolución 1180-E10-2016, del pasado 19 de febrero.
Según los magistrados, solo hay dos vías para que el PAC pueda cancelar a la Caja con su reserva de fondos para gastos de organización y capacitación.
Una opción es que el partido pague con sus propios recursos los ¢465 millones y, después, se los cobre al TSE.
La segunda posibilidad es que se le retenga la suma en las liquidaciones trimestrales que el PAC pretenda reembolsar con deuda política, pues uno de los requisitos para acceder a esos recursos es estar al día con la seguridad social.
En el caso Acción Ciudadana, el TSE tiene pendiente la aprobación de tres liquidaciones de gastos por ¢552 millones, correspondientes al periodo comprendido entre abril y diciembre del 2015.
“Se rechaza la solicitud por ser improcedente, dado que se pretendía dar una utilización ilegítima de ese fondo. El modelo constitucional es de reembolso y hasta que no se compruebe que el gasto partidario efectivamente se realizó, esa reserva no se puede utilizar, porque antes de esa comprobación, esos recursos no pertenecen al patrimonio del partido”, explicó la letrada del TSE, María Quesada.
“En ese sentido, hasta que el PAC no demuestre que pagó la deuda o llegue a un arreglo de pago con la CCSS, se le retendrán los recursos de la contribución estatal”, agregó la funcionaria.
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En mora. El cobro de la Caja por ¢465 millones responde a cargas sociales que, en criterio de la seguridad social, los rojiamarillos no pagaron por 490 profesionales y técnicos contratados entre julio del 2006 y marzo del 2010.
La institución también le achaca haber subdeclarado el salario de otros 25 empleados durante ese mismo lapso de tiempo.
La mayoría de las cuotas obrero-patronales reclamadas corresponden al personal que el PAC contrató para la campaña presidencial del 2010.
En sede judicial. Si bien el PAC intenta ponerse no aparecer moroso con la Caja, para poder acceder a los fondos de la deuda política, impugna el cobro en el Tribunal Contencioso Administrativo.
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En la sede judicial, los rojimarillos insisten en que el cobro no procede y en que la CCSS actuó de forma indebida. En su criterio, no hay deuda que saldar.
Sin embargo, el Seguro Social es del criterio de que actuó apegado a la ley y, por ello, a principios de febrero, interpuso una demanda de cobro ante las instancias judiciales correspondientes.